La historia que atraviesa la familia del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, cobró notoriedad hace poco cuando el propio jugador, y también su mujer, abrieron su corazón para contar públicamente en sus redes sociales el dolor que estaban atravesando. El eje del descargo giró en torno a los “espacios precarios” para atender las emociones de los alumnos con que cuenta el Instituto José Manuel Estrada de City Bell al que asisten sus dos hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Luego, idas y vueltas. Una carta documento con pedido de retractación y la respuesta de la familia solicitando la búsqueda de consensos para que la institución educativa implemente medidas de inclusión y cumpla con las adaptaciones pedagógicas y con la normativa sobre diversidad.
Pero el 14 de octubre, dos meses antes de finalizar las clases, marcó un punto de inflexión. Sin ningún tipo de anticipación, los padres de los chicos recibieron la notificación de que ninguno de sus hijos iba a ser matriculado para el ciclo lectivo del año 2025 en la institución. Estaban expulsados. Y así la familia Rey emprendió una batalla judicial en la que luchan por garantizar el derecho a la educación de los dos menores. La causa tramita en el Juzgado de Garantías del Joven N 3 de La Plata, a cargo de Gabriela Viviana Valsangia Blanco.
Clarín accedió al expediente que se inició con un recurso de amparo y la solicitud de una cautelar (medida urgente y provisoria) para que, mientras la Justicia resuelva la cuestión de fondo, los niños puedan ser matriculados y continuar con su escolaridad. Sin embargo, el 28 de noviembre, la Justicia rechazó el pedido. Por eso, este lunes, la familia apelará la resolución para solicitar que, ante el peligro en la demora, se le dé lugar a la cautelar y así evitar que Benicio sufra un daño irreparable en su estado emocional y psíquico.
“(…) En lugar de tomar medidas para mejorar la situación de Benicio que les corresponde por ley, el (…) en un palmario acto discriminatorio, ha optado no solo por negar la matrícula de un niño con TEA como Benicio para el ciclo lectivo 2025, sino que también arbitrariamente extendió esta decisión a su hermana Renata, quien no está involucrada en la situación de su hermano. Este acto de exclusión constituye una represalia contra la familia, simplemente por exigir sus derechos y el cumplimiento de los mismos por parte del (…) con relación a su hijo con TEA, sin soslayar la violencia del acto de segregación hacia ambos menores”, puede leerse en una hoja del escrito judicial.
¿En qué se fundamentó la decisión del colegio? En conductas y reproches que les realizan a los padres de los menores, en el marco de los reclamos que hicieron respecto de las adaptaciones que se requieren para Benicio. “Entre otras causales, no haberse retractado ni pedido disculpas por los escraches, difamaciones e injurias efectuados en las redes sociales contra las y los trabajadores del (…). Este accionar no permitió a la escuela poder llevar adelante el libre ejercicio del derecho de enseñar y aprender”, se desprende de la causa.
“Son dos padres desesperados haciendo uso del derecho de la libertad de expresión. La actitud del colegio es unilateral, intempestiva y discriminatoria. Se está olvidando de que cumple una función social y se están violando derechos humanos. El caso debería estar en el fuero federal porque Argentina como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene la responsabilidad de hacerla cumplir. Este es un caso paradigmático”, lamenta Carla Junqueira, la abogada que representa a la familia Rey.
El texto del expediente dice que el colegio “no ha logrado implementar las adaptaciones suficientes para garantizar una inclusión efectiva, incurriendo en lo que se conoce como inclusión ‘lavada’ o ‘diversity washing’ (en su acepción en idioma inglés). Es decir, el Instituto ‘anuncia’, ‘declara’ o ‘aparenta’ compromisos con la inclusión de niños y niñas con la condición de nuestro hijo, pero sin realizar acciones reales, concretas o efectivas que lo respalden, a lo que el colegio está obligado por ley”, se enfatiza en el escrito judicial.
Pero, como Junqueira también es madre de un niño con TEA, lo que más le duele es la violencia a la que Benicio está expuesto: “No hay un plan alternativo para un niño con autismo. Cambiar de escuela, cuando está integrado con sus compañeros, puede representar en él un retroceso en su neurodesarrollo”, subraya.
Los antecedentes
Hace 4 años que la familia Rey abrazó el proyecto de dicha institución para formar a sus hijos. La elección se basó en los valores que “dice promover”. Durante ese tiempo de escolaridad, Benicio y Renata formaron amistades y vínculos invaluables con sus pares y se sienten parte integrante de la comunidad del colegio donde han construido tanto su vida académica como social.
Benicio ha sido alumno regular del Instituto desde jardín de infantes y actualmente cursa segundo grado. En 2023 fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Ante tal situación, emprendió una rigurosa e inmediata búsqueda de especialistas, terapistas y acompañantes terapéuticos (“AT”) para que entre todos –escuela y familia– pudieran armar un equipo sólido e interdisciplinario que trabajase en función de su bienestar y desarrollo
Así, se trabajó en consensuar estrategias adecuadas para que Benicio pudiera participar de las actividades que se llevaban a cabo en el Instituto y, también, para adaptar los espacios del colegio a fin de que pudiera habitarlos sin sufrir desregulaciones propias de su condición.
“Pero desafortunadamente, todos nuestros esfuerzos han sido en vano. Es así que como padres hemos tenido innumerables reuniones con el Instituto, para aportarles posibles soluciones a diferentes problemas que iban surgiendo por su falta de planificación y de adaptaciones, tanto en lo pedagógico como en los espacios que Benicio necesitaba para autorregularse”, emana del expediente.
Y más adelante dice: “ (…) hemos ofrecido incluso nuestro apoyo económico para que se adecuen ciertos espacios para la mejor adaptación de Benicio, o bien, para el tránsito adecuado de alguna crisis (…) Pero a pesar de ello, no tuvimos nunca la respuesta que esperábamos por parte del Instituto y mucho menos a la altura de las circunstancias de un niño con TEA”.
La gota que rebalsó el vaso
La angustia y el dolor inconmensurable de la familia se desencadenó cuando la acompañante terapéutica de Benicio les envió la imagen de su hijo tirado sobre una colchoneta en un rincón del piso, con medio cuerpo afuera, en pleno invierno.
Es que por su condición, el niño tiene bajo tono muscular que lo lleva a fatigarse con frecuencia. Por ello, sus padres le habían ofrecido al colegio, en reiteradas oportunidades, aportar una colchoneta especial que se utiliza en las terapias ocupacionales a los efectos de que el menor pudiera descansar y autorregularse, según lo necesitase. Pero, según se relata en la causa, la respuesta de la institución siempre fue negativa, alegando que ellos podían resolverlo con los materiales que ya tenían en la escuela: ofrecieron usar 3 colchonetas acolchonadas y grandes, juntas.
“Sin embargo, el día que nuestro hijo necesitó autorregularse, no contó con el material prometido por la escuela ni mucho menos adecuado a su condición. Frente a la falta de opciones, la AT de Benicio intentó de todas formas acostarlo en la colchoneta deficiente provista por el Instituto y Benicio entró en crisis. Porque la colchoneta era corta para la longitud del cuerpo del niño (le quedaba medio cuerpo afuera), su espesor era muy fino, el material era de cuerina y estaba muy fría (lo cual acrecentó su sensibilidad sensorial)», así se describe en el amparo presentado en la justicia que todavía espera una resolución.
MG