Alineado con la política de seguridad del gobierno de Javier Milei y la impronta de la gestión de Patricia Bullrich en la lucha contra el narcotráfico, diputados del PRO presentaron un proyecto que seguramente generará polémica entre los legisladores. Se trata de una iniciativa impulsada por el santafesino Gabriel Chumpitaz, especialista en Seguridad y cercano a la ministra de Seguridad, que propone la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Con una particularidad. En caso que el funcionario se niegue a hacerse el test, esa actitud tornará como positivo el resultado del estudio.
Según el diputado del PRO, el objetivo es garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública y afirmó que «la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de prevención de adicciones deben comenzar con el ejemplo de quiénes escriben las leyes, quiénes las aplican y quiénes las hacen cumplir».
El proyecto incluye normas de procedimiento y confidencialidad, ya que los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad, remitiendo los resultados a la autoridad competente, quien garantizará su resguardo y custodia.
Chumpitaz plantea que, si bien la droga es un negocio ilícito, opera con una matriz de oferta y demanda similar a la de cualquier negocio convencional. En consecuencia, según el diputado, se debe atacar el narcotráfico y sus derivados, como el narcomenudeo y el microtráfico.
Por eso, para el diputado del PRO «quienes pretenden liderar estas difíciles batallas contra la droga, tenemos que dar el ejemplo» y añadió que «quiénes consumen no pueden estar discutiendo los temas de narcotráfico».
«Es hora de acabar con la doble moral que ha permitido que funcionarios de alto nivel en los tres poderes se entreguen al consumo de drogas, minando la confianza pública y la eficacia de nuestras instituciones», explicó Chumpitaz.
Test anti drogas obligatorio: ¿qué establece el proyecto?
Quedan alcanzados por la presente ley:
- Funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, el Legislativo y del Poder Judicial de la Nación, así como Directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado y funcionarios de rango equivalente en provincias y municipios que adhieran.
Los exámenes toxicológicos se realizarán:
- De manera obligatoria al asumir el cargo.
- Anualmente para todos los funcionarios.
- De forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios.
Los exámenes deberán detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescriptas por un profesional de la salud, incluyendo pero no limitándose a cocaína y derivados, marihuana y derivados; opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, así como alucinógenos y drogas sintéticas.
Además, los análisis serán realizados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. El resultado será remitido a la Autoridad de Aplicación, quien garantizará su resguardo y solo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo.
Qué pasa si algún tes da resultado positivo
- El funcionario que resulte positivo podrá solicitar una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación.
- En el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al Presidente, quien tendrá la facultad de mantener o destituir al funcionario. En el caso de un legislador, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara, la cual podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda.
- En magistrados, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual podrá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente. Si el funcionario da positivo en más de una ocasión, se aplicará automáticamente el procedimiento de remoción conforme a las normativas vigentes de cada poder del Estado. La negativa a realizar el examen, se considerará equivalente a un resultado positivo, aplicándose las mismas sanciones.
- El costo de los exámenes estará a cargo del presupuesto del organismo en el que desempeñe funciones el sujeto examinado.
¿Cómo es en otros países?
A nivel internacional, diversos países han implementado mecanismos de control toxicológico para sus funcionarios públicos. En Estados Unidos, la Drug-Free Workplace Act de 1988 establece que empleados del gobierno federal y de ciertas agencias deben someterse a pruebas de detección de drogas. En algunos estados como Texas y Florida, los funcionarios electos también pueden ser sometidos a exámenes toxicológicos aleatorios.
En Francia, la legislación en materia de seguridad y salud laboral permite la realización de pruebas toxicológicas en determinadas categorías de empleados públicos, en especial aquellos que desempeñan funciones críticas.
En el Reino Unido, la Police and Criminal Evidence Act habilita el testeo de drogas en el personal de seguridad y en otros ámbitos de la administración. En América Latina, Brasil ha avanzado con medidas similares. Si bien en Argentina no existen antecedentes a nivel nacional de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios, algunas provincias han comenzado a debatir esta iniciativa. Implementar una normativa federal garantizará una aplicación uniforme y efectiva de este mecanismo de control y sólo una lo comenzó a implementar de manera obligatoria.
¿Qué provincias lo implementaron y cómo resultó?
San Luis es la primera provincia en implementar este novedoso sistema, de manera aleatoria a sus funcionarios, inspirado en los controles antidopaje en el deporte. Lo dispuso el gobernador Claudio Poggi por decreto y lo aplicó para sí mismo, su vice y su gabinete.
Alcanza a los 1500 funcionarios del Estado provincial y se realiza por el sorteo de la Lotería Provincial y el control estará a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad de San Luis. Detectará sustancias como cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos y barbitúricos, entre otras. El costo del análisis será de aproximadamente $40000 y será abonado por el funcionario que resulte sorteado.
En tanto, en Tucumán, la Legislatura aprobó en 2016 una ley que establece que los funcionarios de los 3 poderes deberán realizar los análisis mediante SIPROSA, el sistema de salud provincial. Si la prueba da positiva, se puede exigir una contraprueba mientras que como medida cautelar, se dispone el desplazamiento del funcionario, que contará con un período de licencia para comenzar el tratamiento de recuperación.
En 2018, en Tierra del Fuego se comenzaron a implementar medidas similares de control. El decreto de la entonces gobernadora Rosana Bertone alcanza a todos los cargos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo y a la policía y al servicio penitenciario. El análisis de orina es de carácter obligatorio y debe realizarse una vez por año.