En el marco del plan migratorio impulsado durante el segundo mandato de Donald Trump, Virginia es uno de los estados más expuestos ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Aunque lejos está de ser la jurisdicción con mayor proporción de residentes nacidos en el extranjero, registró uno de los aumentos más pronunciados de arrestos de inmigrantes.
De acuerdo a una investigación de The Washington Post, que se basó en registros internos y datos recolectados a través de litigios legales, el mayor aumento porcentual en detenciones ocurrió en Virginia, donde los agentes del ICE arrestaron cuatro veces más personas en los primeros meses de 2025 que en el mismo período de 2025.
Uno de los factores clave que explican por qué Virginia se transformó en epicentro de estos operativos es el compromiso total del gobernador Glenn Youngkin con la estrategia federal de deportación. El mandatario republicano hizo de la seguridad pública un estandarte político y destinó recursos, estructura y poder institucional para respaldar al ICE.
Durante una conferencia de prensa del pasado miércoles 2 de julio en la sede de la Policía Estatal de Virginia, Youngkin declaró: “Acabamos de superar las 2500 detenciones a través de nuestra Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional de Virginia, 2500 criminales violentos que están ilegalmente en el país. Hoy, Virginia es más segura por eso”.
Esta fuerza operativa, conocida como Virginia Homeland Security Task Force (Vhsth), nació formalmente en febrero de 2025 como una alianza entre agencias federales, estatales y locales para combatir el crimen organizado transnacional y la inmigración ilegal.
El impulso a este cuerpo se dio tras la firma de la Orden Ejecutiva 47, que instruyó a la Policía Estatal y al Departamento Correccional a firmar acuerdos con el ICE bajo el programa 287 (g). El Servicio de Inmigración aprobó dichos convenios en un tiempo récord de 20 horas, lo que consolidó a Virginia como un estado pionero en habilitar a sus fuerzas de seguridad para ejecutar directamente la ley migratoria federal.
Aunque muchas de las detenciones de migrantes tuvieron lugar en zonas rurales, los mayores focos se han registrado en los suburbios del norte del estado, como Fairfax y Arlington, y en el área metropolitana de Richmond.
Fairfax, un condado de perfil demócrata, denso y acomodado, concentra el doble de arrestos que cualquier otro de Virginia. Las razones no son únicamente demográficas. Si bien posee una numerosa comunidad inmigrante, su cercanía a Washington D.C. jugó un rol determinante.
La abogada Ava Benach, especialista en inmigración, afirmó en diálogo con The New York Times que “Virginia, simplemente por su proximidad, resuena más en la Casa Blanca que otros estados”.
Además, señaló que el hecho de que se enfoquen en este condado responde a la promesa de Trump de hacer sentir el peso de la ley en jurisdicciones demócratas.
El patrón de operativos se extendió incluso a los tribunales. Según informes recientes, agentes del ICE detuvieron a personas que asistieron a audiencias migratorias en Fairfax y en el condado de Loudoun, así como en juzgados del área de Richmond. En Chesterfield, por ejemplo, más de una docena de inmigrantes fueron arrestados al intentar pagar multas por infracciones de tránsito.
El despliegue del ICE en Virginia forma parte de un entramado mayor de políticas de seguridad impulsadas por la administración Youngkin, como la Operación Bold Blue Line y la Operación FREE contra el fentanilo. Estas iniciativas, que combinan acciones contra el narcotráfico, el crimen violento y la trata de personas, permitieron que fuerzas estatales y federales trabajen de forma integrada.
Según cifras oficiales, desde diciembre de 2022 se iniciaron más de 1700 investigaciones criminales, se confiscaron más de 1300 armas, se incautaron de drogas por un valor superior a los 116 millones de dólares y se decomisaron más de 7300 kilos de marihuana, cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo. Todo esto, en un contexto donde se redefinió al fentanilo como arma de terrorismo y se endureció el castigo para quienes fabriquen o vendan comprimidos con esta sustancia.