En un revés para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad tras reunir el apoyo de dos tercios de sus miembros. La definición sobre la promulgación de la norma queda ahora en manos del Senado, donde este jueves se decidirá si el veto queda firme o si es finalmente rechazado por completo. Esto último implicaría que la ley deba ser promulgada.
La oposición logró reunir con comodidad la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que el oficialismo y sus aliados totalizaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones. La norma busca actualizar por inflación aranceles de prestaciones y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, iniciativa tachada de ir contra el equilibrio fiscal por parte del Gobierno.
El tema fue analizado en «Comunistas», donde se coincidió en que detrás de la decisión del Ejecutivo existe un posicionamiento ideológico en contra más que una preocupación fiscal. «Lo que está en juego es sostener un consenso ideológico que se viene consolidando en Argentina desde 2008. El mensaje detrás del veto es que existe una población considerada ‘sobrante’ para el sistema, y que el Estado decide retirarse de su asistencia. La crueldad se transforma en programa político”, analizó el historiador Eduardo Sartelli, invitado a la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30.
Sartelli calificó a la administración Milei de “pinochetismo popular” ya que, en su visión, habilita recortes bajo el argumento de la eficiencia económica, haciendo hincapié en la idea que el Gobierno no persigue un ahorro de fondos públicos sino sacar músculo y ser congruente con su ideología.
El conductor de la emisión, Juan di Natale, contextualizó el rechazo parcial al veto aportando números sobre el universo de personas con discapacidad que existe en Argentina. Según los datos, la ciudad de Buenos Aires encabeza la proporción de Certificado Único de Discapacidad (CUD) cada diez mil habitantes, seguida por provincias como Río Negro, Neuquén, Salta y Catamarca. En números absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los certificados vigentes, mientras que la Ciudad representa un 9,7%, Santa Fe un 7,4% y Córdoba un 6,7%. Un dato relevante es que el 28% de los CUD corresponde a niños de entre 0 y 14 años, lo que muestra la magnitud del problema desde edades tempranas.
Discapacidad: el Gobierno Nacional incumple con el 4% de contrataciones laborales
El licenciado en Comunicación Social Omar Zanarini apuntó contra lo que definió como una “operación” del Gobierno para instalar la idea de que los certificados son truchos. “Lo que se busca es minar la legitimidad del reclamo y reforzar la crueldad hacia personas con discapacidad. Hoy en el Congreso se demostró que el pueblo argentino tiene voluntad de sostener la presencia del Estado frente a una población vulnerable que no puede ser descartada”, sostuvo.
Hacia el final del tema, el economista Nau Bernués planteó que, en comparación con otros países, Argentina registra un porcentaje más alto de personas con discapacidad. La dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, rechazó esa lectura y explicó que el último censo muestra que el 10,5% de la población padece algún tipo de discapacidad, aunque solo el 4% cuenta con certificado. Para ella, la diferencia responde a la precarización laboral y a las condiciones de vida: “Un país que aprueba leyes laborales regresivas tendrá más personas discapacitadas y, al mismo tiempo, menos atención hacia ellas. Las comparaciones internacionales son excusas para recortar derechos”, advirtió.
LB / FPT