Mientras el Gobierno avanza con una reforma que promete “modernización”, millones de trabajadores sostienen el país con jornadas interminables, múltiples empleos y derechos cada vez más frágiles. ¿Qué significa flexibilizar aún más cuando la vida ya se estiró al límite y qué podemos hacer para enfrentarlo?
y harán muchas cosas con el sol /
y hasta el invierno harán primavera
Los trabajadores de la Línea 60 dijeron, este viernes en Maschwitz, en voz alta lo que millones viven en silencio. Un chofer contó que, después de manejar el colectivo 8 o 10 horas, se sube a Uber o Diddi otras cinco. “Vengo mal dormido, malhumorado, no disfruto de mi hija”, dijo, resumido en una frase el país que empuja jornadas interminables para sobrevivir.
Uno de sus compañeros contó: “Yo soy pintor, pinto colectivos. Antes me pagaban bien, ahora no me alcanza, tengo que salir a hacer changas de todo tipo. Estamos destruidos, estoy sacando un préstamo para poder pagar la comida, en el Banco Nación. Nos prestan y después tenemos que pagar el doble, tuve que pedir $500.000. No voy a poder pagarlo y sigo apretándome, sigo apretándome, trabajo en la 60 hace 29 años. Tengo 52 años. Estoy con el cuerpo destruído tuve fractura en las piernas, en el tobillo”.
La protesta se dio después de que la empresa amenazara con pagar sueldos y aguinaldos en cuotas, y los trabajadores de la línea respondieron con una medida que, remarcaron, no es solo salarial: es el inicio de una lucha contra la reforma laboral que Milei quiere imponer.
Lo que estalló en la 60 es apenas una muestra: afuera de esa cabecera hay millones que sobreviven en la informalidad, en apps que pagan miseria, en changas inestables o directamente sin trabajo. Trabajadores que sostienen al país sin derechos, sin descanso y sin garantías mínimas.
Un repartidor de Rappi tuvo que hacer 460 pedidos al mes en septiembre para llegar a la Canasta Básica que mide el Indec, estimada en $1.176.852 para un hogar de 4 personas, según un estudio de la Fundación Encuentro. “Quedás hecho pelota. No creo que todos los raiders estén capacitados para trabajar tantas horas con mucho peso en la espalda y la presión de querer hacer plata”, contó este jueves uno de ellos en una entrevista en C5N. Por un pedido, en promedio, reciben $2553. Si se accidentan durante el reparto, nadie se hace cargo.
La clase trabajadora argentina de 2025 es un espejo roto. Tercerizados, monotributistas, informales, falsos autónomos, cuentapropistas empujados por necesidad, repartidores que pedalean 12 horas para arañar la canasta básica, 7 de cada 10 jóvenes en la precariedad más descarnada.
Y ahora, sobre todo ese mapa de precariedad, el gobierno busca avanzar con una reforma que promete “modernización”, pero huele a más explotación para quienes ya están al borde.
La reforma motosierra
Por estos días se debate, lapicera en mano, entre pasillos, salones y reuniones, un proyecto de reforma laboral que viene a continuar las políticas del gobierno mileísta desde que comenzó su mandato. Que tuvo su primer capítulo con las modificaciones incluídas en la Ley Bases, y el DNU 70/2023, frenado por la Justicia. Ahora, con el apoyo de los propios y la complicidad de los ajenos, desde el oficialismo aseguraron que en las próximas semanas enviarán al Congreso un proyecto para ser tratado durante las sesiones extraordinarias. Los principales puntos del borrador del proyecto los hemos venido analizando en LID y podés encontrar todas las notas del tema acá.
Milei dice que con esta reforma “viene a crear trabajo formal”. Es cierto que en el país, la precarización ronda el 43% si se combinan trabajo informal y formas fraudulentas de contratación, según estimó un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, en base a datos de la EPH de INDEC.
Pero, en realidad, su “reforma” apunta a lo contrario: legalizar parte de esa precariedad y debilitar las herramientas con las que la clase trabajadora puede defenderse.
La Izquierda Diario habló con abogados laboralistas y especialistas que sintetizan el ataque a los trabajadores formales en tres ejes: derechos individuales, derechos colectivos y derecho de huelga.
Agustín Comas, abogado del CeProDH, lo explicaba con brutal claridad: buscan abaratar despidos, limitar indemnizaciones, flexibilizar horarios y facilitar todo mecanismo patronal que permita disponer del trabajador como un recurso descartable. En los derechos colectivos, el objetivo es quebrar la organización: sindicatos más débiles, convenios “abiertos” para que cada empresa imponga sus reglas y un sistema de negociación fragmentado. Y sobre el derecho de huelga, remarcó que Milei quiere un régimen donde cualquier medida de fuerza pueda castigarse como “injuria grave” o “deslealtad”, una puerta abierta a despidos encubiertos y disciplinamiento.
Consultado por este diario, Luis Campos, abogado laboralista e investigador de la CTA, explicó que en Argentina ya existen acuerdos por empresa, pero que funcionan dentro de un esquema “piramidal”, donde la ley fija un piso general, los convenios por actividad mejoran esas condiciones y los acuerdos por empresa sólo pueden elevarlas aún más. El problema, advierte, es que la reforma busca invertir esa lógica: permitir que los convenios por empresa “perforen” los mínimos sectoriales, como ocurrió con la Ley Banelco en 2000. Eso implicaría, según Campos, fragmentar la negociación en ámbitos cada vez más pequeños y debilitar la capacidad de conflicto de los trabajadores cuando negocian de conjunto.
Por otro lado, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Latinoamérica, fue determinante: “De modernización esta reforma no tiene nada, en todo caso se asemeja más a un retorno al siglo XIX que a una legislación pensada para el siglo XXI. Argentina tiene una de las jornadas laborales más largas, 48 horas semanales. Casi ningún país todavía mantiene esa jornada, fijada en 1919. Bueno, eso es un ejemplo de lo que pudiera ser modernizar la legislación laboral. La reforma va en el sentido contrario”.
La jornada laboral como campo de disputa
Si hay un terreno donde la reforma muestra su odio de clase sin filtros, es la jornada laboral. Bajo el eufemismo del “banco de horas”, el gobierno pretende que el patrón pueda disponer del tiempo ajeno como si fuese su propiedad privada: hoy te mando 10 horas, mañana 4, pasado 12.
Un esquema que ya se aplica en los depósitos de Mercado Libre, donde la empresa puede acomodar las horas de los pibes y pibas que corren por las madrugadas entre los pallets hasta cargar las camionetas con los pedidos embalados. Una cadena frenética y precarizada de jóvenes sostiene, a toda hora, la promesa de “lo pedís, lo tenés” para que cada paquete llegue como sea.
Todo para que la vida del trabajador sea un anexo de la empresa. Por eso buscan quebrar la irrenunciabilidad de derechos y avanzar sobre los convenios: necesitan que la flexibilidad sea ley.
Marx recordaba que la jornada laboral es “el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta” entre la clase capitalista y la clase obrera. Esa guerra sigue: cada intento de estirarla, “manejarla” o fragmentarla es un intento de aumentar el robo de trabajo ajeno. La disputa por el tiempo es una disputa por la vida misma.
Mientras millones de trabajadores queman cuerpo y mente para sobrevivir, el capital reclama “total libertad” para administrar los músculos, el sueño y el cansancio de sus esclavos modernos. Nada más actual que esa frase del siglo XIX para describir la ambición libertaria: libertad para el patrón, cadenas –cada vez más largas– para los asalariados.
Quebrar el derecho colectivo y la huelga para ir por todo
El corazón político de la reforma está en destruir la fuerza colectiva. Sus blancos son tres: los convenios colectivos, la dinámica de negociación y el derecho de huelga.
Como explica Luis Campos en su libro La fortaleza. Sindicatos, Estado y relaciones de fuerza (2023, PIMSA), la negociación colectiva en Argentina surge ligada a los primeros conflictos obreros del siglo XX y cobra forma institucional a partir de la huelga gráfica de 1906. Para Campos, los convenios permitieron fijar salarios, incorporar derechos por encima de la ley y limitar el poder de dirección patronal dentro de las fábricas, transformando los convenios en una herramienta concreta de defensa y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
De modo que quieren tachar de “vetustos” los convenios colectivos porque representan, aunque sea deformadamente, la fuerza acumulada de generaciones de luchas. Abrir convenios y negociar por empresa permitiría imponer condiciones más baratas, dividir al gremio y convertir cada fábrica, cada oficina, cada sucursal, en un pequeño feudo empresarial.
El ataque al derecho de huelga es aún más claro. El proyecto está lleno de trampas: asambleas imposibles, servicios “esenciales” que abarcan casi cualquier actividad, la figura de “injuria grave” o “deslealtad” para castigar medidas de fuerza, y procedimientos que buscan paralizar toda organización desde abajo. La huelga es la madre de todos los derechos pero también un arma que desconfigura los algoritmos del capital. Por eso la quieren mutilar.
Cada artículo es un reconocimiento involuntario de la potencia de la clase trabajadora: saben, mejor que nadie, que cuando los trabajadores paran, la maquinaria capitalista cruje y se detiene. Myriam Bregman lo resumió con lucidez: “La clave de esta reforma que planean es la fragmentación y la desorganización de la clase trabajadora, romper los lazos colectivos y de solidaridad y respuesta obrera”.
Los mitos del capital
Milei ni se esfuerza en encontrar algún autor austríaco para argumentar su ataque. Enamorado de los sentidos comunes, se limita a repetir que “los convenios son anacrónicos” y “la reforma creará más trabajo formal”.
Sobre el primer mito nos referimos más abajo. El segundo fue dinamitado por la experiencia menemista en la década de 1990. Las leyes neoliberales terminaron en un desastre obrero y social, un salto en el trabajo informal y precario, una desocupación galopante. Tanto que en la memoria popular la palabra “reforma laboral”, que supondría un “cambio progresivo y gradual”, es sinónimo de degradación.
Pero incluso la propia Ley Bases de esta gestión, que incluye una flexibilización laboral e impunidad para los empresarios que tienen trabajadores registrados, ha destruido 276.000 puestos de trabajo formal y cerrado 19.000 empresas. O sea ha destruido fuerzas productivas, o las ha degradado al monotributismo y la importación, en cada caso.
Es que la reforma busca “aprovechar el momento” para preparar el terreno para una mayor apropiación del trabajo obrero ante nuevos ciclos de negocios, cambiar las relaciones de fuerzas de manera más profunda, pero no resuelve los problemas del capitalismo dependiente argentino. Un modelo tributario del extractivismo (minería, hidrocarburos, tierras raras), la agroindustria (bastante primarizada), atado a la suerte del capital financiero (ciclos de endeudamiento y timba), con baja inversión y productividad en amplios sectores.
El caso Siderar sirve de ejemplo. La mayor planta del país está “atada con alambre”, lejos de la capacidad productiva de otras plantas nacionales como su «vecina» Sidersa. Tiene el 60 % de su plantel tercerizado y los efectivos perdieron salario en dólares. Pero lo que desvela hoy a Rocca es el acero chino, la disputa comercial mundial, la falta de inyección estatal a la patria contratista y el precio del petróleo.
En definitiva la peruanización de la economía, o sea el objetivo de precarizar las condiciones laborales y vitales del 70 % de la población trabajadora, no genera “trabajo formal” ni resuelve los problemas de acumulación del capital. Pero busca crear las condiciones para un nuevo saqueo.
Ya nos “reformaron” bastante: breve historia política de la precarización
El relato de la modernización de los convenios vetustos tiene un objetivo político y una trampa conceptual. Los convenios firmados en 1975 fueron la expresión “jurídica” de un momento de la lucha de clases en la Argentina, y en cierta manera a nivel mundial aunque comenzaba el contragolpe neoliberal.
La vuelta de Perón en 1973 no logró desviar totalmente el ascenso obrero que había dado los Cordobazos, Rosariazos y otras rebeliones que desafiaron la dictadura patronal dentro de las fábricas pero también la autoridad de la CGT y el general. El ante-último intento de frenar esa ofensiva fue el “Pacto Social”, que congelaba precios, salarios y negociaciones colectivas. Conflictos sectoriales lo enfrentaron, mientras el gobierno reprimía militar y penalmente esa resistencia. Pero la crisis empujó a Isabel Perón a atacar los salarios y convenios nuevamente en 1975, desatando las impresionantes huelgas de junio y julio de ese año. Como parte de ese convulsivo proceso, quedaron esas normas cuestionadas una y otra vez: la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 y una serie de convenios colectivos de sindicatos de masas que “formalizaban” conquistas y aspiraciones de la clase trabajadora.
El fracaso de aquel intento llevó al poder económico a acudir al golpe militar. El aniquilamiento de la vanguardia obrera vino de la mano de la liquidación de toda ley que implicara límites a la dictadura del capital. En solo un mes eliminaron o modificaron 100 artículos progresivos. Era la primera gran contrarreforma.
Parte de ese andamiaje jurídico continuó. El PJ de los 90 (Menem, Alberto, Scioli) dio otro gran golpe. Convenios de empresa, aumentos por productividad, Ley de Empleo, las ART, reforma de 1998. De la Rúa dio otra vuelta de tuerca con la corrupta “Ley Banelco”, una de las causas de la debacle del gobierno que terminó con las jornadas de diciembre de 2001.
El kirchnerismo derogó algunas de esas leyes pero mantuvo otras a pesar de sus mayorías parlamentarias. El empleo no registrado nunca perforó el piso del 30 %, la precarización en el Estado se mantuvo y de los 800 convenios “actualizados” por Carlos Tomada, más de la mitad incluyen “cláusulas de flexibilización” (Clara Marticorena, Políticas laborales y precarización durante el kirchnerismo). O sea que ya tuvieron una modernización.
Si la relación de fuerzas del 2001 y la recomposición social y subjetiva de la clase trabajadora obligaban a borrar parte de la herencia, la astucia peronista ofrendaba al capital un atajo aceptable. Pero cada vez que olió una oportunidad, volvió a intentarlo. El macrismo hizo lo suyo, pero las jornadas de diciembre de 2017 le impidieron concluir la obra. Alberto y Cristina Fernández retomaron el libreto pero en una Argentina sin viento de cola. El convenio especial de Vaca Muerta que flexibiliza el trabajo petrolero es el símbolo más brutal: el primer año le ofrendó 8 muertos a los reyes del fracking. No hubo grieta. Lo defendieron ambos gobiernos.
Ese recorrido dejó profundas heridas. La clase trabajadora nunca recuperó muchas de esas conquistas setentistas, ni los niveles de salario real, trabajo registrado o afiliación sindical.
Un reciente estudio de IDESA marca que entre 2015 y 2025 los asalariados privados registrados de los 30 principales conglomerados urbanos se mantuvieron en 6,2 millones, el desempleo subió pero la clave fue el salto del trabajo “informal”: de 6 a 9 millones. Fue uno de los mecanismos del capital para “disimular” sus problemas estructurales.
En términos salariales favorecieron una fuerte transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, calculada en 290 mil millones de dólares en la última década (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE).
Tenemos con qué: breve historia de la resistencia
Hagamos ahora un breve paréntesis para entender cómo la disputa por la jornada laboral (y el ocio), la defensa de convenios o todo lo que limite el despotismo patronal, han empujado el nacimiento y la vida del movimiento obrero en los últimos 150 años.
La primera huelga, en 1878 los tipógrafos, fue contra el aumento de los ritmos de trabajo y la jornada laboral. La histórica lucha de las fosforeras (1906) fue por las horas pero también en defensa de sus cuerpos. La rebelión de Vasena (1919), la huelga general de 1936 que denunció la esclavitud en los andamios y reclamó las 6 horas en la Construcción. Muchos gremios consiguieron nuevos convenios colectivos durante el primer gobierno de Perón, aunque a cambio de perder la independencia y democracia de sus sindicatos. Los 60 y 70 estuvieron plagados de rebeliones contra la dictadura en las fábricas sostenidas por los militares en el poder. Insud, Astarsa, FIAT, Acindar, Ford y una lista interminable. Incluso en dictadura, con el “trabajo a tristeza” de los eléctricos de 1977.
Pero también cuando los gobiernos parlamentarios (y la CGT) bancaron las conquistas patronales. Desde la resistencia al menemismo a la decisión de “recuperar derechos” en los 2000: las contratadas de PepsiCo, la rebelión en las tercerizadas del Subte, los precarios del SEOM Jujuy, las duras luchas de Jabón Federal, Stani, Kraft y Mafissa. Lear y la batalla contra el convenio de fábrica que discriminaba a los ingresantes.
Esa “guerra civil permanente”, a veces larvada y a veces explosiva, forjó esas tradiciones que la clase capitalista se empeña en aplastar. Hoy, cuando muchos “dirigentes” derraman desmoralización por una derrota electoral, vale recordarlas.
Aquellas tradiciones, estas fuerzas: tesoros para una batalla que ya empezó
“El futuro llegó hace rato / Todo un palo, ya lo ves!”. Los dueños del país escriben la reforma, esperan ansiosos su aprobación. Mientras, abrazan el refrán que dice que “la letra con sangre entra”: desde diciembre de 2023 lanzaron su guerra de guerrillas. Granja Tres Arroyos, Fate, Georgalos, Fademi, Ilva, Mondelez, Siderar. Reformas “por empresa” que atacan conquistas, desconocen convenios, aplican Ley Bases a piacere, flexibilizan sectores o despiden por defender un derecho. Hay derrotas pero también resistencias.
La CGT rosquea en el Consejo de Mayo (Cipayo) con el verso de “hacerla menos mala”, pero sabe que Milei también amenaza ir por los sindicatos «tal cuál son”. Y eso amenaza sus propios aparatos, que mantienen poder de fuego a pesar de su crisis y la del PJ.
Milei siente que es “el momento”. Lo enceguece su sorpresivo triunfo de octubre, pero también la banca de Donald Trump. El problema es que el hombre de jopo platinado y dentadura perfecta, cuando uno enfoca la vista, se muestra como lo que es: un monstruo herido. Golpeado por el escándalo de los abusos sexuales (Caso Epstein), los problemas económicos y las movilizaciones opositoras, sonríe para no llorar. Incluso si su plan de “volver a poner América primero” funcionara, sería a costa de mayor sometimiento y saqueo de América Latina, barriendo también con las fuerzas productivas que no encajen en ese plan.
Esa ceguera le impide al gobierno libertario comprender el gigante que tiene enfrente. Una clase trabajadora que guarda esas tradiciones y conquistas; que no ha desatado toda su resistencia pero tampoco ha sufrido derrotas decisivas; que tiene el poder para ganar esta batalla.
¿Cómo? Atendiendo la alerta y poniéndose de pie. Empezando por coordinar a los sectores que vienen luchando estos dos años para, al calor de las primeras batallas, imponerle a las conducciones sindicales un plan de lucha que frene la reforma. Pero que además abra el paso a la derrota de todo el plan de Milei y el FMI.
Hay fuerzas. La de quienes tienen “posiciones estratégicas” (aceiteros, choferes, aeronáuticos, subterráneos, portuarios, siderúrgicos) y estos años tuvieron sus conflictos sectoriales. Fuerzas que son materiales pero también morales, como las que encarnan los movimientos de jubilados y jubiladas como símbolo de la resistencia. Que se potencian si sumamos la juventud universitaria, los colectivos de discapacidad y el personal de salud que coparon Plaza Congreso los últimos dos años. O los trabajadores de Secco, Shell y Georgalos que tras meses de lucha lograron ganarle a los despidos amparados en la Ley Bases. Que gana volumen con las organizaciones sociales y el “precariado” que desconfía de las nuevas promesas.
El Hospital Garrahan simboliza quizás todo eso. Una lucha aguerrida y victoriosa, que recogió simpatía popular y apoyo de las familias de pacientes. Que abrazó los métodos históricos: asamblea, coordinación, paro y movilización, para lograr un aumento salarial histórico. Su lucha sigue ahora para enfrentar las persecuciones a los activistas y sumarios.
¿Qué pasa si multiplicamos esas fuerzas? ¿Qué pasa si logramos cinco, diez, cien Garrahan? No solo entre el millón de trabajadores y trabajadoras de la salud, sino construyendo otras fortalezas así en los servicios, la industria, los transportes y campos.
La huelga general, como paralización de la maquinaria capitalista al tiempo que movilización de la fuerza obrera, arrancando a las burocracia de sus sillones, es el momento que permitirá poner en juego todas esas fuerzas, unirlas y dirigirlas al mismo objetivo.
Para eso nos preparamos.
Cada paso en ese camino, como la movilización de este 19 de noviembre, los plenarios abiertos y democráticos que convocan los Petroquímicos de Río Tercero o el Suteba Tigre, la campaña de los diputados y las agrupaciones del Frente de Izquierda, como ya estamos haciendo desde el PTS y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, buscan avanzar en ese camino. Empezando por rechazar la reforma pero también planteando nuestro plan de emergencia laboral, que tiene como bandera la reducción de la jornada laboral, 6 horas 5 días, para generar trabajo con derechos para millones, con un salario que cubra de mínima la canasta familiar. Pero también que pase a planta a los contratados y precarios, que defienda el derecho de huelga y la plena libertad de organización.
Porque ante los tiempos que vienen, la CGT y el PJ solo llevarán a una nueva desilusión o peor, a la derrota. Por eso necesitamos construir una alternativa. Una izquierda de los trabajadores que gane fuerza en los lugares de trabajo, los sindicatos, los barrios, las escuelas y universidades. En los nuevos combates. Que proponga una salida que escape al miserable debate sobre cuánta explotación y pobreza podemos soportar. Que al calor de esa resistencia y esas luchas “sindicales” pueda convencer a miles de luchadores y luchadoras que necesitamos una salida política para terminar con este sistema de opresión y explotación, para liberar a toda la humanidad de la esclavitud asalariada.
Porque al final, toda esta historia habla de una sola cosa: de una clase capitalista que cree haber encontrado el momento para consumar su revancha histórica. Y de otra clase, la trabajadora, cargando sobre sus hombros no solo la crisis sino también la potencia real de detenerlo todo y frenar cualquier ataque.
Ese momento, que no será ni magia ni espera pasiva, sino huelga, coordinación, deliberación colectiva, es exactamente lo que Milei y los dueños del poder quieren impedir. Porque sabe que cuando los trabajadores se unen, nada es igual.
El poeta francés Jacques Prévert imagina ese momento en versos que no hablan del pasado sino de lo que late bajo la superficie de cada pelea de hoy, y de las que vendrán:
y verán que son muchos /
y mirarán la sombra / y reirán /
el capital querrá por última vez impedirles reír /
y lo matarán / y con él destruido lo quemarán / lo arrasarán /
y con él fabricarán otro sin dejar de cantar /
un paisaje enteramente nuevo, enteramente hermoso /
y un verdadero paisaje vivo /
y harán muchas cosas con el sol /
y hasta el invierno harán primavera.
Si ese gigante disperso se reconoce a sí mismo, si se unifica en un mismo movimiento, si multiplica los Garrahan y convierte la bronca en fuerza organizada, entonces sí será posible “hacer primavera hasta en pleno invierno”.
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Lucho Aguilar
@Lucho_Aguilar2
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.