La Cámara en lo Penal Económico confirmó este jueves que el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, deberá ir personalmente a tribunales cuando sea indagado en la causa por por la retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos en la que está acusado junto a otros dirigentes de la entidad, entre ellos el presidente, Claudio «Chiqui» Tapia.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el tribunal rechazó un pedido de la defensa de Toviggino para que su indagatoria, el próximo miércoles, sea por videoconferencia. La defensa del dirigente, a cargo del abogado Marcelo Rocchetti, había pedido que sea de manera remota para “evitar una innecesaria exposición” en los tribunales.
“Mi asistido debe tener tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez”, planteó la defensa y agregó que “la comparecencia personal en este caso representa un factor de riesgo, debiéndose preservar también su integridad física”.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el pedido y ordenó que el día de las indagatorias se disponga un dispositivo de seguridad en el piso de su juzgado para que no haya personas personas ajenas al ámbito judicial “con el objeto de garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los actos procesales dispuestos”.
La defensa de Toviggino apeló el fallo e insistió con la declaración virtual ante la Cámara Penal Económico que este jueves también la rechazó.
“Que, como regla general de la que no corresponde aparatarse, la declaración indagatoria de un imputado debe tener lugar en la sede del tribunal que lo cita para el referido acto procesal, salvo que medien circunstancias de excepción que ameriten otro proceder, las cuales en el caso no se advierten reunidas”, resolvieron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio y agregaron que el juez Amarante “adoptó los recaudos pertinentes” para cuando los acusados se presenten.
Comienzan las indagatorias
Las indagatorias de la causa debían comenzar este jueves con la presentación de Tapia pero fue suspendida para la semana que viene. Así, el primero en estar frente a la justicia será el gerente general de la entidad, Gustavo Lorenzo.
Lorenzo tiene que presentarse este viernes a las 12 horas -aunque podría ser antes- frente al juez Amarante. Es uno de los cinco dirigentes de fútbol acusados del delito de apropiación indebida de tributos que tiene una pena de dos a seis años de prisión.
Las indagatorias debían comenzar este jueves con Tapia y la propia entidad acusada como institución. Pero un día antes el presidente de la AFA cambió de abogados y su cita se postergó para el jueves de la semana que viene. Tapia dejó como defensores a Lucio Simonetti y Norberto Frontini y nombró a Luis Charro. La indagatoria se postergó para que la nueva defensa tenga tiempo de conocer la causa.
Así, Lorenzo, quien tenía que presentarse en el segundo turno de indagatorias, quedó primero. Es el general general de AFA y en ese rol uno de los responsables para la justicia del pago de los impuestos. El dirigente es defendido por Simonetti y Frontini.
Para este viernes también estaba citado Toviggino, pero fue uno de los últimos en nombrar abogado y su indagatoria se pasó para el miércoles que viene. Las primeras declaraciones coincidían con el paro de la fecha nueve del fútbol argentino que la Liga Profesional convocó como protesta a la causa judicial.
El cuadro se indagatorias se completa con las citaciones para el lunes de al actual y ex secretario general Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Y el miércoles Toviggino y cerrará Tapia el jueves, si no hay nuevas postergaciones.
La causa se inició con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que planteó que la AFA no pagó 19.300 millones de pesos por el impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales en distintos períodos de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.
La ley establece que el delito se comete una vez que vence el plazo del pago del impuesto, más allá que después se regularice la situación, como ocurrió en este caso. Una de las medidas que el juez Amarante tomó en la causa fue analizar si la AFA contaba con fondos para pagar los tributos. Los tenía. El banco Credicoop informó que la entidad contaba con cuentas bancarias con ocho mil millones de pesos y plazos fijos en dólares por montos de cinco millones de dólares.
Desde la AFA sostienen que es una causa política que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei. Uno de los argumentos es que la deuda –que no niegan- ya fue abonada en una parte y otra está regularizada con planes de pago. También que es una de las pocas asociaciones civiles denunciada por ARCA y que la acusación se presentó en diciembre pasado y no los primeros meses de 2024 cuando empezaron los incumplimientos.
Tapia y otros acusados plantearon que en la causa no hay delito y por eso pidieron su sobreseimiento. Las defensas solicitaron el cierre de la causa porque hay resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que están vigentes hasta mitad de año por las cuáles no se pueden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles. Y si no se pueden ejecutar, también se pueden reclamar, por lo que la AFA no estaba obligada a pagar.
El juez Amarante rechazó ese planteo. Las defensas apelaron a la Cámara en lo Penal Económico, que tiene pendiente resolver el planteo.