En la Argentina de Milei no hay lugar para los trabajadores. El sujeto privilegiado es el “argentino de bien”, para quien importan más ciertas banderas ideológicas que la defensa de conquistas laborales, como el salario digno o el acceso a empleo de calidad. En este escenario, el trabajador estatal es particularmente estigmatizado: ya no hace falta apelar al término “ñoqui” para descalificarlo, porque todo el sector público ha sido degradado. Una de las políticas centrales del gobierno ha sido el desguace del Estado, expresado en la eliminación de programas, el cierre o vaciamiento de organismos de la Administración Pública Nacional, el desmantelamiento de empresas públicas y la pérdida de capacidad regulatoria frente a los actores privados.
Un informe reciente expone la magnitud del ajuste en el empleo del Sector Público Nacional: entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se registraron 52.340 despidos, lo que representa un recorte de gran envergadura. Detrás de cada despido hay familias que se quedan sin su fuente de ingresos, que ven deteriorarse su calidad de vida y que pasan a engrosar el número de hogares en situación de vulnerabilidad. El análisis, realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destaca que en términos absolutos el mayor impacto se concentró en las empresas y sociedades del Estado, aunque el proceso alcanzó también a organismos y dependencias centrales. En términos proporcionales, esto se tradujo en una reducción del 15,2 por ciento de la planta de personal del sector público nacional.
El reporte avanza en el desarrollo de algunos puntos con mayor detalle:
· El análisis por empresa mostró que el caso más significativo en términos absolutos fue el del Correo Argentino, que encabezó el listado con 4.945 personas. Le siguieron la Operadora Ferroviaria S.E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registró 1.689 desvinculaciones.
· En términos relativos, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80 por ciento del personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentaron reducciones significativas.
· En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos fue el de ARCA, con 2.996 despidos. Seguido por ANSES, con 1.423 despidos, y el CONICET, con una reducción de 985 trabajadores.
Según datos del INDEC, el salario real en el sector público registró una caída del 16 por ciento entre noviembre de 2023 y abril de 2025. Además, a partir de la reciente desagregación de las estadísticas entre el sector público nacional y el provincial, se observa que los trabajadores más afectados desde la asunción de Javier Milei fueron los del Estado nacional, con una pérdida del 31,6 por ciento de su poder adquisitivo, mientras que en el ámbito provincial la caída fue del 9 por ciento.
¿Qué ocurrió con el empleo privado?
“La economía va a crecer como pedo de buzo”, prometía Milei apelando a un peculiar eufemismo para anticipar una fuerte recuperación. Y efectivamente, el rebote económico se refleja en las estadísticas al comparar diversos indicadores con los datos de 2024: se observa una mejora aunque explicada en buena medida por la baja base de comparación correspondiente a los peores meses del Gobierno. Así, el PBI mostró un crecimiento interanual del 5,8 por ciento en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, esta reactivación no se reflejó en el mercado laboral, lo cual constituye uno de los principales puntos débiles de la actual gestión: el desafío de restituir a la sociedad un mínimo de bienestar y sostén económico sigue pendiente. La tasa de desempleo, medida por el INDEC, subió al 7,9 por ciento en el mismo período, lo que equivale a cerca de 2 millones de personas sin trabajo en el país.
Al analizar con mayor precisión los datos del empleo privado registrado, en base a información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se observa que entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 115.353 puestos formales en el sector privado. Esto evidencia que la reactivación económica de los últimos meses no se tradujo en la creación de nuevos empleos. Tal como advierte Daniel Schteingart en su cuenta de la red X, “tras la fuerte caída registrada durante los recesivos primeros meses de 2024, el empleo privado se estabilizó, pero sin generar una recuperación significativa”. Esto confirma uno de los principales puntos débiles de la gestión: la incapacidad de abrir canales para que los trabajadores accedan al bienestar que les corresponde.
Un dato llamativo que destaca Schteingart en su análisis sectorial es que “ni siquiera el boom de Vaca Muerta y el litio alcanzó para sostener el empleo en petróleo y minería, que perdió casi 3.000 puestos en el período”. Esto resulta significativo porque los hidrocarburos son el sector donde se concentran los principales esfuerzos del modelo económico de Milei, con la expectativa de potenciar inversiones para la extracción y transporte de combustibles, especialmente a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, a pesar de la intensa actividad en el rubro, no se verificaron mejoras en la creación de empleo. Por el contrario, los sectores más golpeados fueron la construcción, con 61.956 despidos, y la industria, con 31.301. Solo el comercio, el agro y la pesca mostraron una modesta creación de empleo formal, con 21.411, 6.302 y 1.699 nuevos puestos respectivamente.
El Gobierno mantiene una deuda con los trabajadores, no solo en términos de generación de empleo sino en materia de recuperación de los salarios. Aunque la pobreza muestra una tendencia a la baja desde mediados de 2024, resulta difícil hablar de una verdadera mejora social. Prueba de ello son las marchas recurrentes de jubilados, trabajadores de la salud y docentes universitarios, que expresan el malestar frente al deterioro de sus condiciones de vida. Lejos de buscar mejorar el bienestar social general, el Gobierno avanza en dirección hacia una mayor pauperización de la sociedad. En este contexto, una asignatura pendiente que probablemente se discuta en el Congreso luego de las elecciones de medio término es la reforma laboral, lo que, sin dudas, exigirá una respuesta política más activa por parte de los sindicatos.