El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, liderado por los republicanos, publicó un informe preliminar titulado »La amenaza de censura extranjera: cómo la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europeaobliga a una censura global e infringe la libertad de expresión estadounidense».
Este documento revela cómo la Unión Europea (UE), mediante la implementación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), está imponiendo estándares de censura que afectan no solo a los ciudadanos europeos, sino también a la libertad de expresión en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Uno de los hallazgos clave del informe es que la DSA obliga a las grandes plataformas tecnológicas globales, como redes sociales, a modificar sus políticas de moderación de contenido a nivel mundial para cumplir con las exigencias regulatorias de la UE.
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Dado que estas empresas generalmente aplican una única política global, cualquier cambio requerido por la UE repercute directamente en los usuarios estadounidenses.
Esto significa que estándares europeos, mucho más restrictivos en cuanto a lo que consideran »desinformación» o »discurso de odio», terminan aplicándose a ciudadanos estadounidenses, cuya libertad de expresión está protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.
El Comité obtuvo documentos no públicos mediante citaciones, incluyendo comunicaciones internas entre la Comisión Europea y las plataformas tecnológicas.
En particular, destaca un taller realizado en mayo de 2025, donde los reguladores europeos discutieron de forma privada con estas plataformas las expectativas sobre cómo deben moderar contenido para cumplir con la DSA.
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Uno de los ejercicios de ese taller clasificó una publicación típica de contenido político, como »necesitamos recuperar nuestro país», como discurso de odio ilegal, lo que demuestra una interpretación extremadamente amplia y peligrosa del concepto de »odio» por parte de las autoridades europeas.
Otro aspecto alarmante del informe es que el enfoque de censura es claramente unilateral, dirigiéndose casi exclusivamente contra posturas conservadoras.
La documentación obtenida demuestra que los temas censurados incluyen debates legítimos sobre inmigración, medio ambiente, e incluso sátiras políticas, contenidos que no son ni ilegales ni dañinos, pero que son catalogados como problemáticos por los reguladores de la UE.
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Además, el informe subraya que las penalizaciones que impone la DSA a las plataformas que no cumplan con estas normas son extremadamente severas: multas de hasta el 6% de sus ingresos globales, e incluso la posibilidad de ser bloqueadas temporalmente dentro del territorio europeo en casos de »amenazas graves a la seguridad pública».
Estas sanciones son intencionadamente disuasorias, buscando forzar la cooperación de las empresas con la censura impuesta.
El Comité concluye que esta extraterritorialidad regulatoria representa una amenaza directa a la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses.
Al imponer que las plataformas cambien sus políticas globales para adaptarse a los dictados europeos, la UE está exportando sus estándares restrictivos y limitando el debate político en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos, donde la Constitución garantiza una libertad de expresión mucho más amplia.
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